Responsabilidad por la utilización de la tutela cautelar en el proceso civil

Un aspecto particularmente relevante a la hora de decidir si se solicita una medida cautelar, y, derivadamente, si resulta interesante litigar, es la responsabilidad del solicitante de la medida cautelar cuando deviene en injusta por no haberse dictado una resolución favorable al solicitante.

En efecto, si se estima la oposición formulada por el sujeto pasivo de la medida cautelar se generará responsabilidad. Dispone el art. 741.2.III LEC que “si alzare las medidas cautelares, condenará al actor a las costas y al pago de los daños y perjuicios que éstas hayan producido”.

La misma responsabilidad procederá cuando, al solicitarse la medida cautelar con carácter previo, no se presente demanda principal admisible en tiempo y forma con una pretensión procesal equivalente a la situación jurídica cautelable alegada en la solicitud de medida cautelar. Dispone el art. 730.2.II LEC que, en tal caso, el Letrado de la administración de justicia “declarará” que el solicitante “es responsable de los daños y perjuicios que haya producido al sujeto respecto del cual se adoptaron las medidas”.

En todos los supuestos de resolución firme no estimatoria de la demanda principal, y no solo cuando se trate de “sentencia absolutoria, sea en el fondo o en la instancia” o “en los casos de renuncia a la acción o desistimiento de la instancia”, esto es, siempre que la no estimación derive de cualquier supuesto como satisfacción extraprocesal, carencia sobrevenida de objeto, o caducidad, el art. 745 LEC prevé que “se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 742 respecto de los daños y perjuicios que hubiere podido sufrir el demandado”.

Dispone este art. 742 LEC que “una vez firme el auto que estime la oposición, se procederá a petición del demandado y por los trámites previstos en los artículos 712 y siguientes, a la determinación de los daños y perjuicios que, en su caso, hubiera producido la medida cautelar revocada; y, una vez determinados, se requerirá de pago al solicitante de la medida, procediéndose de inmediato, si no los pagare, a su exacción forzosa”.

Esta responsabilidad es objetiva, y la indemnización se calculará en el procedimiento de los arts. 712 y ss LEC, más concretamente, arts. 713 a 716 LEC.

Básicamente, junto con el escrito en que solicite motivadamente su determinación judicial, presentará relación detallada de los daños y perjuicios, con su valoración, pudiendo acompañar los dictámenes y documentos oportunos. Se dará traslado a quien hubiere de abonar para que en el plazo de diez días conteste lo que estime. Si el responsable se conforma, considerándose que lo hace si no evacua el traslado o se limita a negar genéricamente los daños sin concretar los puntos ni expresar las razones y alcance de discrepancia, se aprobará por el Letrado de la administración de justicia y se procederá a hacer efectiva la suma convenida a través del proceso de ejecución dineraria. Si el responsable se opone se sustanciará por los trámites de los juicios verbales, pudiéndose nombrar un perito que dictamine sobre la efectiva producción de los daños y su evaluación en dinero. Por último, tras la vista, el tribunal resolverá mediante auto la resolución que considere justa, fijando la cantidad que debe abonarse y hará declaración expresa de las costas conforme al art. 394 LEC. El auto será apelable sin efecto suspensivo.

La expectativa de generar responsabilidad en el caso de que no haya sentencia estimatoria resulta ser relevante. Si se genera responsabilidad cuando se solicita medida cautelar y en el proceso principal no se estima la pretensión, las consecuencias negativas en caso de pérdida del litigio todavía se agravan. Esto refuerza la necesidad de valorar la viabilidad del proceso principal antes de instar “alegremente” una medida cautelar, pues las consecuencias de una desestimación todavía se agravan.

José Bonet Navarro

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