Monitorio y juicio verbal para sustanciar la oposición conforme a la Ley 42/2015, de 5 de octubre (Diario La Ley, 25 de julio de 2017, núm. 330)

BONET NAVARRO, J., "Monitorio y juicio verbal para sustanciar la oposición conforme a la Ley 42/2015, de 5 de octubre", que publicado en Diario La Ley, núm. 330, de 25 de julio de 2016.

“La prudencia es una virtud y no un arte”, afirmaba el clásico griego Aristóteles, en el capítulo “De la prudencia” de su Moral a Nicómaco. Sin embargo, tras siglos de formulación de tan recomendable virtud, no siempre se ejercita con la deseable regularidad.

La liviandad de ciertos temas podría de algún modo explicar salidas de tono y críticas más abruptas y ruidosas que verdaderamente punzantes. Sin embargo, en un ámbito jurídico que pretenda ser riguroso, la prudencia debería imperar algo más.
Así, antes de recurrir a expresiones gruesas o de achacar de inconstitucionalidad a una determinada regulación, convendría estar prevenido frene al posible efecto boomerang, pues quizá lo criticable e inconstitucional sea al final el propio mal entendimiento o la interpretación errónea.

Sin que lo anterior suponga en absoluto una crítica a la crítica sino únicamente un modesto llamamiento a la prudencia así como a la moderación, y, sin eludir ciertas críticas, en este trabajo me voy a ocupar de la reforma operada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, en lo referente a la oposición en el procedimiento monitorio, en esta ocasión, resaltando principalmente las virtudes de esta necesaria reforma. En efecto, la relativa reducción de la oralidad se ve plenamente compensada por las ventajas que ofrece en este punto la escritura para prevenir posibles desigualdades y mermas en el derecho de defensa. En la vista el demandado tenía conocimiento previo de la demanda y había contado con tiempo para preparar la contestación, lo que contrastaba con el demandante que adquiría conocimiento de la contestación en el mismo momento de la vista. Todo esto se paliaba eventualmente con prácticas como la de formular la demanda –o papeleta- de juicio verbal con los datos estrictamente necesarios, completando el arsenal alegatorio en la vista, equilibrando de alguna manera la desinformación que se sufría. Frente a este deficiente sistema la reforma introduce la contestación escrita y, por tanto, la demanda completa, promoviendo la igualdad de armas así como la información de las partes y, por tanto, el regular ejercicio del derecho de defensa.

Como no podía ser de otro modo, esta mejora del sistema ha de trasladarse a la multitud de procedimientos que se corresponden con el juicio verbal y, entre ellos, al que sigue al monitorio en caso de oposición. Sin embargo, la valoración de esta reforma en este punto exige entender correctamente el instrumento objeto de reforma.

I. Aproximación a la reforma del juicio verbal y del monitorio operada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre

En la reforma del juicio verbal y, derivadamente del monitorio, destaca:

1.º La introducción de la contestación escrita (art. 438.1 y 4 LEC) y, consiguiente o derivadamente, el trámite de oposición en el procedimiento monitorio, esto es, el apartado 2 del artículo 818 LEC.

2.º Desaparece la demanda sucinta (art. 437.1 LEC).

Todo esto tiene su reflejo más o menos directo en el enlace con el juicio verbal de oposición que sigue al monitorio cuando se corresponda con las cuantías propias del mismo. Así, en coherencia con el régimen general de reducción o sustitución de la demanda sucinta:

3.º Conforme al artículo 815.1 LEC, se requerirá al deudor, entre otras cosas, ya no únicamente para que alegue “sucintamente”, sino “de forma fundada y motivada”.

4.º Se reforma el artículo 818.2 LEC para adecuarlo a la nueva configuración del juicio verbal en los mencionados artículos 438.1 y 4 así como artículo 440.1 ambos LEC. 

La valoración sobre esto es positiva en cuanto previenen desigualdad y favorecen la contradicción. Es más, me sorprende que tal mejora técnica no haya sido objeto de atención mucho antes.

2. La técnica monitoria por la que se enlazan dos procedimientos formalmente autónomos pero materialmente enlazados

Entender la configuración del monitorio sirve para prevenir valoraciones sobre la técnica legislativa y hasta la inconstitucionalidad de la reforma en este punto.

La técnica monitoria se basa genéricamente en la comunicación que, desde el órgano jurisdiccional (o, en su caso, notaría), se dirige al deudor, por el que se avisa de la existencia de un deber de prestación, principalmente pecuniario. Consecuencia de la misma, se le requiere para que la cumpla o, al menos, ofrezca razones de porqué no debe hacerlo; y, asimismo, se le advierte de las consecuencias del incumplimiento de ese deber.

Lo más relevante ahora es que el procedimiento se configura en atención a la eventual actitud del deudor. Si paga, se pondrá fin a las actuaciones; si no hace nada, se simplifica el procedimiento, pues procederá iniciar la ejecución como si se hubiera dictado expresamente una sentencia condenatoria; y si formula oposición, se pondrá fin al monitorio y se sustanciará en el procedimiento “común” que corresponda.

La técnica monitoria supone, entre otras cosas, la exigencia de una posición activa al obligado, e implica sustanciar la eventual oposición mediante un procedimiento formalmente autónomo aunque materialmente enlazado con el monitorio.

Con la finalidad de que solo se ocupen esfuerzos cuando sea necesario, esto es, cuando el deudor formule efectivamente oposición, y, además, sin que nada de esto limite sus posibilidades defensivas, la oposición pondrá fin al monitorio y permitirá abrir un nuevo proceso de una forma más (verbal) o menos (ordinario) automática para sustanciarla.

El problema técnico se centra en cómo enlazar dos procedimientos formalmente autónomos para sustanciar la oposición. Un proceso, el monitorio, termina, y con otro se substanciará la oposición. Así, el “escrito de oposición”, al menos cuando el enlace procedimental es más intenso como ocurre cuando la cuantía no supere la propia del juicio verbal, tiene función "finalizadora" pero también "iniciadora" de un procedimiento. Su naturaleza como demanda permitía dar solución técnica, y no meramente intuitiva, a diversos problemas teóricos y prácticos. Así, podía entenderse el problema actualmente finiquitado sobre la posible “ampliación” de las alegaciones en la vista; y explicar la llamada “inversión formal del contradictorio”. Así es como se comprende que en el juicio verbal para sustanciar la oposición el requerido-deudor se sitúe en la posición activa pero para pedir su absolución (una declaración de que no procede su condena); y el requirente-acreedor en la pasiva pretendiendo que se condene al actor.

3. Lógico es que, conforme a la reforma, aumente la exigencia en el escrito de oposición

El artículo 815.1 LEC prevé que se requiera al deudor, entre otras cosas, ya no para que alegue “sucintamente” sino de forma “fundada y motivada”. Esto es coherente con la nueva redacción del artículo 437.1 LEC, en la que  desaparece la demanda sucinta (salvo cuando "no se actúe con abogado y procurador). Por eso la oposición, en cuanto abre el verbal, no será sucinta sino fundada y motivada. Quizá, para una total coherencia, debería mantenerse sucinta cuando no se actúe con abogado y procurador. Pero así y todo, el cambio del art. 815.1 LEC es suficiente respecto del tenor del art. 437.1 LEC.

Conviene insistir, con todo, que el escrito de oposición  cuando la cantidad reclamada no supera la propia del juicio verbal, más que una contestación a la demanda –que lo es-, también constituye, sobre todo, una demanda. Y el deudor con este escrito de oposición se convierte en demandante de oposición. Es así el actor. Y la regulación y tratamiento ha de ser coherente con este hecho, en aspectos formales como, por ejemplo, que deberá ser el primero en hablar, o situarse, visto desde el estrado judicial, a la derecha; hasta aspectos de fondo, debiendo acreditar los hechos defensivos (impeditivos, extintivos y excluyentes) como constitutivos de una más que atípica pretensión de que se dicte una sentencia de absolución o de no condena.

El acreedor, por su parte, se transformará en demandado de oposición. Los hechos inicialmente constitutivos de la previa pretensión de pago, se transformarán en defensivos frente a la pretensión absolutoria. El acreedor, como demandado, podrá aportar los documentos y demás pruebas que acrediten dicha pretensión de pago cuando no se encuentren ya aportados en el previo monitorio. Todo ello a los efectos de que se desestime la demanda del deudor y, por tanto, se condene al mismo al pago.

El deudor -requerido inicial y posterior demandante- tiene la capacidad de poner fin al monitorio pero en unidad de acto presenta demanda de absolución, con todas las cargas inherentes a dicha demanda. Por tanto, no se generarán desigualdades ni limitaciones respecto de cualquier otro demandante en aspectos como la carga de alegación y de acreditación, o la preclusión de una y otra.

Una vez el monitorio ha finalizado, al menos formalmente, se trata de sustanciar la pretensión defensiva por parte del deudor. Que el acreedor haya solicitado previamente la tutela judicial a través del monitorio resulta a todos los efectos irrelevante, pues formalmente el monitorio ha finalizado. Ahora empezamos de cero o, en realidad, de la pretensión absolutoria del deudor. Deudor que, eso sí, tiene la carga de adoptar una actitud activa si no quiere pagar ni que se abra una ejecución como si de una sentencia condenatoria se tratara por no hacer nada. De ese modo, además de no sufrir desventaja alguna, a su escrito se le atribuye un doble valor o ventaja para finalizar monitorio y para iniciar juicio verbal. Por supuesto, para este segunda ventaja, se prevén las lógicas exigencias, entre otras, de motivación propias de cualquier escrito con tales virtudes (básicamente las del art. 437 LEC y los correlativos). En fin, el escrito de oposición no es una contestación a la demanda al uso, sino que la oposición se articula mediante una demanda que abre un procedimiento formalmente autónomo. En realidad, algo muy parecido a una sustanciación incidental de la oposición.

De ese modo, si se entiende que el deudor es demandante de oposición y que su escrito –como demanda que es- ha de cumplir los requisitos propios de la misma para obtener los efectos que le corresponden como tal (abrir el juicio verbal de oposición), no cabrá afirmar con fundamento que se produce ninguna suerte de atentado, infracción, ni merma en el principio de contradicción ni en el derecho de defensa. Eso sí, los hechos defensivos adoptan la forma de constitutivos de la pretensión absolutoria, que para algo el deudor pretende su absolución en el juicio verbal. Y, por su parte, los hechos constitutivos de la condena se convierten en defensivos frente a la pretensión absolutoria por parte del deudor. Pero salvo esta “rareza” estructural no se produce alteración alguna respecto de las cargas que corresponden a cada una de las partes.

De otro lado, se afirma que en el ámbito de la oposición del procedimiento monitorio, y de la fundamentación de la demanda de absolución, no es posible alegar “excepciones” procesales. Nada más lejos de la realidad. Es cierto que la redacción del legislador en los preceptos que regulan el procedimiento monitorio es mejorable cuando no necesaria por vacía o inexistente. También es patente que el procedimiento monitorio ha finalizado –formalmente- por transformarse en otro procedimiento autónomo para sustanciar la oposición. Si el monitorio ha finalizado, difícil encaje tendrán los óbices, defensas y excepciones procesales de un proceso ya fenecido. Pero tal cosa no significa que las defensas procesales no sean admisibles para fundar con éxito la oposición en el escrito-demanda correspondiente (y, en su orden lógico, con carácter previo a las de fondo). Sin ánimo de exhaustividad, parece bastante claro que, a pesar de la inexistencia regulatoria específica al respecto, el deudor podrá haber formulado –se supone que previamente al escrito de oposición, salvo incurrir en sumisiones tácitas o en alguna preclusión- declinatoria por falta de jurisdicción o de competencia en todas y cada una de sus modalidades. Igualmente, en la medida en que subsistan, podrá alegar cualquier cuestión relativa a las capacidades (la famosa, aunque impropiamente denominada, legitimatio ad procesum) o la propia legitimación (también llamada ad causam); lo mismo la inadecuación del procedimiento especialmente del verbal de oposición cuando no proceda por la cuantía; la litispendencia o la cosa juzgada en atención, entre otros, a lo previsto en el artículo 816.2 LEC, cuando se esté pretendiendo o se haya resulto el tema en un proceso –monitorio o común- precedente. Incluso podría intentarse una declaración de nulidad del monitorio por no cumplir las exigencias para su inicio (como lo relativo al documento a los requisitos de la obligación o una defectuosa notificación). Así y todo, aunque sea difícil de imaginar, básicamente por el carácter formalmente autónomo del juicio verbal respecto del monitorio, no cabría descartar que alguna cuestión procesal específicamente prevista para el mismo y que no produzca indefensión derive en irrelevante a las alturas de iniciar el nuevo juicio verbal, pero, desde una perspectiva práctica, los presupuestos y requisitos procesales serán prácticamente coincidentes, pudiéndose fundar la oposición en los mismos, incluso desde una interpretación adecuada de la autorización para alegar fundadamente “las razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada”. Exactamente lo mismo ha de afirmarse sobre la petición de vista que deberán realizar las partes una vez iniciado por el deudor el juicio verbal de oposición como adaptación al contexto del procedimiento monitorio de las previsiones generales del juicio verbal. Si conforme al artículo 438.4 LEC el demandado, en el escrito de contestación “deberá pronunciarse, necesariamente, sobre la pertinencia de la celebración de la vista. Igualmente, el demandante deberá pronunciarse sobre ello, en el plazo de tres días desde el traslado del escrito de contestación. Si ninguna de las partes la solicitase y el tribunal no considerase procedente su celebración, dictará sentencia sin más trámites”; es coherente y correlativo que conforme al artículo 818.2.II LEC “las partes, en sus respectivos escritos de oposición y de impugnación de ésta, podrán solicitar la celebración de vista, siguiendo los trámites previstos en los artículos 438 y siguientes”. Basta con recordar una vez más que el deudor es el demandante, y el acreedor el demandado, para que se disipe en la nada cualquier crítica relativa a una posible indefensión, desigualdad o merma en la contradicción.

Y, en fin, lo mismo ocurre con la aportación de los documentos. El deudor es el demandante. ¿Alguien podría “presentarnos” a un demandante de juicio que como regla general no deba aportar junto a su demanda los documentos en que funda su pretensión, aunque, como en este caso, sea tan atípica, como la pretensión de absolución o de no condena? A pesar de que la redacción de los preceptos reguladores de todo esto podría ser algo más clara o expresa, una vez más ha de decirse que si el deudor es demandante de oposición no solo puede sino que tiene la carga de presentar los documentos en que funde su pretensión –casualmente- de forma idéntica a cualquier otro demandante, incluida la preclusiones a su aportación salvo las reglas generales. Esto justifica y explica uno de los pretendidos “misterios prácticos” de la oposición en el procedimiento monitorio: que el deudor demandante no pueda ampliar los motivos de oposición introduciendo hechos diferentes a los contenidos en su demanda, ni que pueda aportar en momentos posteriores documentos no aportados en la misma, salvo que ello sea posible excepcionalmente conforme a las reglas generales, esto es, aquellas de los hechos nuevos o de nueva noticias, ex artículos 286 y 270 LEC, respectivamente. Y, exactamente lo mismo ocurre con el acreedor, como demandado de juicio verbal, en su mal llamada “impugnación”, esto es, en su contestación a la demanda de juicio verbal, deberá aportar los documentos en que se funden sus defensas frente a la pretensión absolutoria (básicamente arts. 264 y 265 LEC).

¿Dónde está, en todo esto, la alteración de alguna suerte de “lógica procesal básica” más allá de confusas denominaciones? ¿Dónde está la infracción y más patente del artículo 24 CE y la indefensión del deudor requerido –demandante y situado en la posición activa-? En mi opinión, no está más que en la incomprensión de la técnica monitoria.

Para mayor desarrollo de estas cuestiones véase el trabajo BONET NAVARRO, J., "Monitorio y juicio verbal para sustanciar la oposición conforme a la Ley 42/2015, de 5 de octubre", en Diario La Ley, núm. 330, de 25 de julio de 2016.